Ecologistas en Acción de Huelva ha presentado un recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía contra el auto de un juzgado Contencioso Administrativo de Huelva que levantó las medidas cautelarísimas que suspendían las obras del Proyecto de Urbanización promovido por Loiola, filial de la constructora Altuna y Uría, en el sector SUS C-2 Rompido Este, en el término municipal de Cartaya.
Tras el levantamiento de esas medidas, la organización ecologista denuncia que la maquinaria ha retomado los trabajos en la finca, con operaciones de tala, desbroce y movimiento de tierras que, a su juicio, están causando daños de difícil reversibilidad sobre la vegetación y la fauna del espacio. La zona afectada incluye pinos, retamas, sabinas y otras especies arbustivas.
El procedimiento judicial acumula varias piezas pendientes de resolución. Tanto Ecologistas en Acción como el propio Ayuntamiento de Cartaya han solicitado al juzgado de Huelva la resolución de las medidas cautelares ordinarias, presentadas hace más de mes y medio, que deberán determinar si las actuaciones en curso causan o no daños irreversibles al patrimonio natural de la finca. Está pendiente también el recurso contra la aprobación del Proyecto de Urbanización por parte del Ayuntamiento de Cartaya.
Ecologistas en Acción solicita al TSJA que revoque el auto del juzgado de Huelva y acuerde la suspensión de cualquier actuación de tala, desbroce, arranque de vegetación, movimiento de tierras o alteración del terreno en el ámbito del plan parcial hasta que se resuelvan las cautelares ordinarias o, en su caso, hasta que recaiga sentencia firme sobre el fondo del asunto. El plan parcial que ampara el proyecto fue aprobado hace aproximadamente catorce años.