Las ejecuciones hipotecarias iniciadas en Andalucía durante 2024 experimentaron un incremento del 21,3% respecto al año anterior, rompiendo la tendencia a la baja que mantenían desde 2022. Los tribunales andaluces registraron 5.519 ejecuciones hipotecarias durante el pasado ejercicio, según revela el informe «Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales» publicado por la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial.
Andalucía se situó a la cabeza nacional en número absoluto de ejecuciones hipotecarias, seguida por Cataluña con 4.491, la Comunidad Valenciana con 3.403, Madrid con 2.204 y Murcia con 1.229. En términos relativos, considerando las ejecuciones por cada 100.000 habitantes, Andalucía registró una tasa de 62,7, ocupando el tercer puesto tras Murcia (78) y la Comunidad Valenciana (63,5).
Los concursos presentados en los juzgados andaluces sumaron 8.791 durante 2024, lo que supone un aumento del 39,3% respecto a 2023. Del total de concursos, el 88,4% correspondió a personas naturales sin actividad empresarial, que experimentaron un incremento del 45,1%. Los concursos de personas jurídicas representaron el 9,4% del total, con un aumento del 35%, mientras que los de personas naturales empresarios disminuyeron un 44,1%.
Los lanzamientos practicados en Andalucía durante 2024 fueron 4.027, un 9,5% menos que el año anterior. De este total, 2.712 lanzamientos (67,3%) derivaron de procedimientos relacionados con la Ley de Arrendamientos Urbanos, registrando un descenso del 8,4%. Los lanzamientos por ejecuciones hipotecarias sumaron 994 (24,6% del total), con una disminución del 12,4% respecto a 2023.
Las demandas por despido presentadas en los Juzgados de lo Social andaluces alcanzaron las 27.014 durante 2024, lo que representa un incremento del 12,9% respecto al año anterior. Andalucía fue la tercera comunidad con mayor número de demandas por despido, tras Cataluña y Madrid. Además, los juzgados andaluces registraron 22.866 reclamaciones de cantidad, un 5,2% más que en 2023, y 449 verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas, con un aumento del 5,9%.