En la sesión inaugural del DATAfórum Justicia 2026, celebrada en A Coruña, la Fiscal General del Estado, Teresa Peramato Martín, situó en uno de cada cinco delitos cometidos en España una dimensión digital. La cifra forma parte de un diagnóstico más amplio sobre la criminalidad tecnológica, que la propia Fiscalía considera ya una de las principales formas de delincuencia.
El dato de referencia corresponde a 2025: 33.851 procedimientos y diligencias de investigación relacionados con la ciberdelincuencia, casi un 25 % más que en el año anterior. Las estafas y otras defraudaciones concentran el 85,53 % del total. Los delitos que afectan a la intimidad, la imagen, la libertad sexual o la integridad moral tienen especial incidencia en mujeres, niñas y adolescentes.
Por su naturaleza, la ciberdelincuencia es transnacional. Un mismo delito puede afectar a miles de personas en territorios distintos, y los datos que sirven a la investigación pueden estar repartidos entre servidores de varias jurisdicciones. La cooperación internacional se ha convertido, por ello, en un elemento esencial de cualquier pesquisa compleja. El Ministerio Fiscal, en su estructura unitaria y con presencia en todo el país, dispone de especialistas en informática forense, ciberseguridad, telecomunicaciones y criptomonedas.
En el terreno tecnológico, la Fiscalía ha presentado un proyecto de inteligencia artificial que ayuda a los fiscales a preparar escritos de calificación en delitos contra la seguridad vial. Su puesta en marcha plantea preguntas sobre transparencia, protección de datos y sesgos, cuestiones que, según la Fiscal General, requieren un tratamiento riguroso por su relación con los derechos fundamentales.
La modernización de la Administración de Justicia, según la Fiscal General, debe ajustarse a la Constitución y al respeto de los derechos fundamentales.