Hay cifras que no son cifras, sino radiografías. Los últimos datos del Ministerio de Sanidad, correspondientes a 2024, dibujan una que conviene sostener a contraluz: Andalucía es la comunidad autónoma que menos invierte en sanidad por habitante. Mil seiscientos cincuenta y ocho euros por persona, frente a los dos mil ochenta y cuatro de la media nacional. Cuatrocientos veintiséis euros de distancia con el promedio, y hasta seiscientos setenta y cuatro con el País Vasco, que encabeza la tabla. No es un matiz contable. Es la medida exacta de lo que un territorio decide que vale la salud de su gente.
Se dirá, y se dirá con razón aritmética, que en términos absolutos Andalucía destina más de catorce mil millones de euros, solo por detrás de Cataluña. Pero la salud no se reparte en volúmenes, se reparte en personas, y una persona no cabe en un titular presupuestario. Cabe en una lista de espera, en un ambulatorio que cierra por la tarde, en un médico de familia que ve a sesenta pacientes en una mañana porque no hay manos para más. La estadística per cápita es incómoda precisamente porque no deja esconderse detrás de la magnitud: pone a cada ciudadano delante de su propio euro, y en Andalucía ese euro pesa menos.
Lo inquietante no es solo el presente, sino la línea que dibuja hacia adelante. Los sistemas sanitarios no se derrumban de golpe; se erosionan. Se erosionan en cada plaza que no se cubre, en cada quirófano que se infrautiliza, en cada profesional joven que hace las maletas hacia otra comunidad o hacia otro país que sí paga lo que su formación cuesta. El futuro de una sanidad infrafinanciada no es una catástrofe repentina, es una lenta privatización de hecho: quien puede, se paga un seguro; quien no puede, espera. Y en esa espera se cuela, silenciosa, la más vieja de las desigualdades. Ya lo avisó Sancho con esa sabiduría de refranero que Cervantes puso en su boca: «Dos linajes solos hay en el mundo, como decía una agüela mía, que son el tener y el no tener». Cuatro siglos después, la frase amenaza con volver a describir no ya las despensas, sino los quirófanos.
Porque de eso trata realmente el debate: de si la salud seguirá siendo un derecho o pasará a ser un artículo de mercado, un bien que se cotiza según el bolsillo. Una sanidad pública fuerte es la promesa civilizatoria de que la fiebre de un niño de un barrio obrero importa tanto como la de cualquier otro. Rebajar la inversión, año tras año, situarse voluntariamente a la cola, es empezar a romper esa promesa por lo más fino, por donde menos se nota hasta que se rompe del todo.
Y aquí es donde conviene invocar a Saramago, que dedicó una novela entera a una epidemia de ceguera para hablar, en el fondo, de nuestra ceguera moral. «Creo que no nos quedamos ciegos», escribió, «creo que estamos ciegos. Ciegos que ven, ciegos que, viendo, no ven». Los datos están ahí, publicados, disponibles, subrayados en rojo por quien quiera leerlos. La ceguera que amenaza no es la de la falta de información, sino la de la costumbre: la de acostumbrarnos a ser los últimos, a normalizar la espera, a mirar la cifra y encogernos de hombros como si fuera meteorología y no decisión política.
No se trata de agitar catastrofismos, sino de nombrar responsabilidades. Un presupuesto es un documento moral disfrazado de hoja de cálculo: dice, con la frialdad de los números, qué nos importa de verdad. Y unos números que colocan a millones de personas en el último lugar de la fila no describen una fatalidad económica, describen una elección. La buena noticia, la única, es que las elecciones se pueden cambiar. Basta con decidir mirar. Basta con no ser, pudiendo ver, de los que no ven.